En la provincia de Tucumán los distintos gobiernos constitucionales, entre ellos el del genocida Antonio Domingo Bussi, procuraron borrar de la memoria de los tucumanos y de los argentinos los lugares donde funcionaron Centros Clandestinos de Detención. Es decir, borrar la memoria sobre el genocidio.
A pocos días de cumplirse el 33° aniversario del Operativo Independencia, se publicó en el Boletín Oficial una ley que habilitaba al gobierno a vender una serie de edificios históricos. Entre ellos, el de la actual Secretaría de Educación, donde funcionó el CCD Jefatura Central de Policía a partir de 1975.
Frente a esta política que intenta, una vez más, borrar una parte fundamental de nuestra memoria colectiva, difundimos un pronunciamiento. Para leerlo, hacé click aquí.
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